El miedo se está instalando con fuerza entre la ciudadanía. Y no, ya no es miedo a los recortes, a las subidas de impuestos o a cualquiera de las medidas inútiles que hasta ahora se están aplicando en la gestión de una crisis que ya es prácticamente el único tema de preocupación social (todo lo demás son derivadas: paro, seguridad, sanidad, educación, medio ambiente, etc.). Es un temor a lo que puede llegar a pasar; a la revuelta, a la reacción popular, a la acción de la masa en su concepción orteguiana.
Hemos pasado de un estado de indignación, al desasosiego que siempre antecede a las movilizaciones populares y las revueltas (¿y las revoluciones?). La clase media ha demostrado una paciencia infinita —últimamente, ¿cuántas veces hemos oído comentarios sobre la extraña quietud que estamos viviendo?— ante la pérdida de derechos y de poder adquisitivo. Salir de la crisis bien vale cualquier sacrificio.
Pero sólo falta una gota para que rebose el vaso. Porque a cambio de los constantes sacrificios colectivos la respuesta ha sido la burla y la incapacidad (o las dos cosas al mismo tiempo) de los responsables de gestionar esta sociedad. Somos espectadores privilegiados de una estafa de dimensiones estratosféricas, asistimos a un «atraco perfecto», en palabras del magistrado del Tribunal Supremo, Cándido Conde Pumpido. Y es que ésto es un expolio en toda regla desde la certeza de que las víctimas son sencillamente miembros de una sociedad idiotizada y sin sangre en las venas.
Desde los escándalos de la Casa Real hasta la impunidad de banqueros y ladrones de guante banco, pasando por el desprecio más absoluto a los que peor lo pasan: los parados y la gente sin recursos; como dejó claro Andrea Fabra y su «que se jodan».
El caso Campeón, Nóos, Gurtel, Palma Arena, Aeropuerto de Castellón, Palau de la Música, Bankia, Carlos Dívar y tantos y tantos otros... Ya en el año 2009 la Fiscalía tenía abiertas 730 investigaciones por corrupción a cargos electos. Hoy esa cifra se ha disparado hasta la estratosfera. Y de los implicados, ¿Cuántos han devuelto lo que han robado? ¿Cuántos están pagando penalmente sus fechorías?
La ciudadanía siente rabia e indignación, pero ante el camino que toman los acontecimientos y la falta absoluta de reacción por parte de los que tienen que reaccionar, también se percibe un cierto temor en el pueblo, temor a su propia fuerza, miedo a no saber como puede acabar todo esto. Y por eso hay cierto desasosiego ante la convocatoria para el 25 de septiembre, que circula por las diferentes redes sociales: #ocupemoselcongreso. Y preocupación con la vista puesta en lo que pasó no hace mucho en Grecia. ¿Podemos llegar a una situación similar? ¿Puede llegar a ser incluso peor? La violencia nunca es la solución, pero los que hemos podido oír la llamada radiofónica de aquel desempleado al que le van a quitar el subsidio, sabemos que eso también es violencia, y de la más cruel.
De hecho, se acaban las opciones para los que deben encontrar y aplicar las soluciones. Sólo queda la represión de la ciudadanía en una huida suicida hacia adelante o la reacción por rectificación, para tomar medidas efectivas, para actuar contra los corruptos y los vividores, para comenzar a hacer justicia con los responsables y para demostrar que la democracia puede ser real. La decisión aún es de ellos, pero cada vez parece más claro que se les acaba el tiempo.
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